La Suprema Corte de Uruguay, en su fallo del 22 de febrero de 2013, fue contundente y declaró que no es posible, en el plano del más estricto discurso jurídico, declarar la irretroactividad de las leyes penales, cualquiera que sea su naturaleza. El Tribunal entendió que no se pueden utilizar las normas derivadas de las convenciones internacionales para intentar destruir los principios esenciales del Estado de Derecho, uno de los cuales es el de la irretroactividad de las leyes penales. Esta decisión tiene enorme significación para todos los uruguayos por igual.
Con su fallo, la Suprema Corte expresó su rotunda oposición a que se imponga el principio de la retroactividad en materia penal, por entender que viola abiertamente la noción misma del Estado de Derecho. El fallo fue una respuesta a los intentos del gobierno de derogar la "ley de caducidad", una norma que había sido respaldada por el pueblo en dos ocasiones mediante referéndum.
El Tribunal también recordó que los procesos judiciales tienen un rol fundamental en la reparación de las víctimas, quienes pasan de ser sujetos pasivos respecto del poder público a personas que reclaman derechos y participan activamente en los procesos judiciales. Asimismo, subrayó que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.
